Factura electrónica en la República Checa

La Ley n.º 134/2016 Coll. sobre Contratación Pública transpone la legislación de la Unión Europea 2014/55/UE sobre facturación electrónica en la contratación pública, a la legislación nacional checa.
El artículo 221 de la ley establece que las autoridades contratantes públicas no podrán rechazar ninguna factura electrónica emitida por un operador económico si se emite en un formato compatible con el estándar europeo de facturación electrónica. La ley entró en vigor el 1 de octubre de 2016.

Lanzada en 2015, la plataforma Národní elektronický nástroj (NEN) permite a las autoridades contratantes públicas a nivel central, regional y local procesar todo el ciclo de vida de las compras electrónicas. Desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Regional, la plataforma reemplaza al Portal de Contratación Pública y Concesiones (Portál VZ) como estaba previsto en la Estrategia de Contratación Pública 2016-2020. Al finalizar su implementación a finales de 2017, el uso de NEN es obligatorio para todas las autoridades contratantes, a menos que tengan autorización para usar su propia herramienta de contratación.

Obligatoriedad

• 1 de octubre de 2016: Las autoridades contratantes públicas no pueden rechazar las facturas electrónicas emitidas por operadores económicos que cumplan con la norma EN-16931.
• Abril de 2019: Todas las entidades públicas deben ser capaces de recibir y procesar facturas electrónicas para transacciones B2G.

Firma electrónica

En la República Checa, las facturas electrónicas no requieren una firma electrónica para ser válidas en el marco de la contratación pública o en transacciones B2G (Business to Government). Este enfoque simplifica el proceso de facturación electrónica, ya que elimina la necesidad de implementar tecnologías adicionales, como certificados digitales, que pueden representar un desafío logístico y económico, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Almacenamiento

El período de archivado para las facturas electrónicas en la República Checa es de diez años, de acuerdo con la legislación fiscal y de contabilidad. Este plazo es el mismo que se aplica a las facturas en papel, asegurando que las autoridades fiscales puedan acceder a la información necesaria en caso de auditorías o revisiones. Las facturas electrónicas deben ser almacenadas de manera segura, garantizando la integridad y accesibilidad de los datos a lo largo de todo este período.